La SGAE contra la LPI

Cultura y la SGAE discrepan sobre la Ley de Propiedad Intelectual.
La entidad cree que se merman los derechos del autor, y Cultura defiende que los aumenta LAIA REVENTÓS - Barcelona EL PAÍS - Cultura - 07-04-2006
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que hace 15 días fue aprobada en el Congreso casi por unanimidad, levanta polémica entre los sectores afectados. Ayer, La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) manifestó su "frontal oposición" al texto, al considerar que algunos de sus artículos representan "un menoscabo de los derechos de autor". El Ministerio de Cultura rechaza que la citada ley suponga una merma de tales derechos. La SGAE acusa al Gobierno de convertir la LPI en una "contrarreforma que nos aleja de los países avanzados" y muestra su "frustración" con el Ministerio de Cultura por ser "incapaz de defender los intereses de autores y artistas". La ley acepta que el consumidor copie para uso privado una obra y consagra un canon sobre soportes para compensar al autor por esta copia. Según la SGAE, el artículo 90.4 del texto "discrimina" a los creadores audiovisuales, al "eliminar la remuneración que perciben por la explotación de sus obras". Pedro Farré, de la SGAE, sostiene que el artículo 31.2 -que liga el cobro del canon al "ejemplar adquirido legalmente" para uso privado- supone que los autores no cobrarían cuando la copia se obtuviera, por ejemplo, de una emisión de televisión y, además, considera que el redactado limita la capacidad de copia del consumidor. La SGAE se opone a que "una comisión ministerial fije las tarifas de nuestros derechos exclusivos", en referencia a la comisión de arbitraje que, en caso de conflicto, fijará la tarifa por copia. A Concepción Becerra, secretaria general técnica del Ministerio de Cultura, le "duele" que la SGAE "no se ciña a la realidad". El Gobierno "no elimina derechos, sino que los aumenta al añadir la puesta a disposición interactiva", como las descargas legales en Internet. Sobre el 31.2, el ministerio considera que no se limita la copia privada y que el artículo, añadido por el Congreso, debe entenderse en el sentido de que esta copia sólo es lícita cuando se hace a partir de un acceso legal a la obra, no a partir de una pirateada. Además, le sorprende que la SGAE "prefiera acudir a los tribunales antes de que una comisión independiente trate de resolver los conflictos".